Un estudio realizado por investigadoras del grupo de investigación MIRAS (Mediación e Interpretación en el Ámbito Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el que han colaborado la profesora Anabel Borja de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y las Universidades Pompeu Fabra y Pablo Olavide, ha constatado graves carencias en la cantidad y la calidad de la información interpretada en los juicios a personas de habla extranjera.
“La interpretación judicial es un elemento clave para evitar cualquier estado de indefensión de la persona enjuiciada, que tiene derecho por ley a ser informada y a un proceso público con todas las garantías y derecho de defensa», explica Mariana Orozco, investigadora de la UAB y una de las coordinadoras del proyecto.
Intervenciones no traducidas y errores graves
Las investigadoras han analizado vistas interpretadas en inglés, francés y rumano y han comprobado que, de media, no se interpreta el 54% de la información hablada, -51% en inglés, 39% en francés y 61% en rumano-. Este porcentaje comprende tanto la interpretación en voz alta, que queda grabada en las grabaciones, como la que hace el intérprete al acusado al oído, que no queda grabada. Si sólo se tiene en cuenta la parte que se interpreta en voz alta, el porcentaje medio de lo que no se traduce llega hasta el 70%.
El número medio de intervenciones enteras por minuto que no se traducen es de 2,7 (1,8 en inglés, 1,6 en francés y 3,7 en rumano), una cifra considerada alarmante por las autoras del estudio. Se producen también solapamientos frecuentes entre los operadores judiciales, que dificultan una interpretación precisa y completa, así como una velocidad de habla muy alta -de hasta 240 palabras por minuto- en algunos fragmentos importantes del juicio, como el informe final o la sentencia in voce.
En cuanto a la calidad de la interpretación, se cometen una media de 21 errores graves por hora. Estos errores suelen ser adiciones, falsos sentidos y omisiones, a pesar de que también se producen otros relacionados con el lenguaje judicial, como un registro inadecuado o carencia de precisión. También han detectado intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirlo, con una media de 45,5 veces por hora -50,2 en inglés, 11,9 en francés y 65,7 en rumano-.
“Los resultados nos confirman que los intérpretes judiciales no entienden cuál es su rol y muestran un gran desconocimiento del lenguaje jurídico y judicial y de sus consecuencias. Por lo tanto, independientemente del nivel lingüístico que tengan, no pueden ofrecer un servicio de calidad”, afirma Carme Bestué, quien también ha coliderado el estudio.
Las autoras consideran igualmente que los intérpretes y las empresas proveedoras de este servicio desconocen o no aplican el código deontológico* existente y hacen un llamamiento a que se aplique en su totalidad la Ley Orgánica del 2015, que reconoce la traducción y la interpretación como parte del núcleo esencial de los derechos para obtener la tutela judicial efectiva. “Todo ello está produciendo una situación de violación de los derechos de los acusados, que son principalmente inmigrantes con pocos recursos”, explican las investigadoras.
Metodología pionera con datos reales
El estudio ha analizado un número representativo de procesos, en concreto 55 vistas con interpretación del inglés, francés y rumano de 10 Juzgados Penales de Barcelona, celebradas en 2015. Esto representa casi la mitad de los Juzgados Penales que hay en la ciudad. Es la primera vez que se ha podido utilizar información directa y trabajar con un corpus de datos auténticos -las transcripciones de las grabaciones en vídeo de las vistas- para hacer un estudio sobre la realidad de la interpretación a los juzgados de España.
Una plataforma web y una app para el móvil
A raíz de los resultados del estudio, las investigadoras están desarrollando una plataforma informática y una aplicación para el móvil. A partir de una sola interfaz, ambas soluciones comprenden varias herramientas: un protocolo de actuación en las situaciones habituales a que se enfrenta el intérprete, una guía para funcionarios de la administración de justicia sobre el papel del intérprete y su interacción con ellos y un tesauro con glosarios monolingües que incluyen los términos más habituales de los contextos en que se encuentra el intérprete judicial. Además, han creado cinco bases de datos con los términos más frecuentes, con comentarios y opciones de traducción entre las lenguas que a menudo se emplean en los juicios en España: el árabe, el rumano, el chino, el francés y el inglés.
“Las recomendaciones son muy concretas y aplicables, porque se basan, por primera vez, en datos reales y no en simulaciones. Queremos que ayuden al intérprete judicial a hacer su tarea con mayor rigor y eficacia y que tenga un impacto a los principales usuarios de sus servicios, que suelen encontrarse en situaciones de desigualdad, exclusión y pobreza”, concluyen las investigadoras.
El proyecto TIPp, que acaba a finales de año, cuenta con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Referencia: FFI2014-55029-R. Las investigadoras principales son Carme Bestué y Mariana Orozco-Jutorán, de la UAB. En su elaboración han participado también las investigadoras Marta Arumí y Anna Gil-Bardají (UAB); Anabel Borja (Universitat Jaume I); Mireia Vargas-Urpi (Universitat Pompeu Fabra) y Francisco Vigier (Universidad Pablo Olavide).
Fuente: UJI