La Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha acogido una jornada centrada en el análisis de las violencias extractivistas, un nuevo concepto que busca comprender mejor las formas de violencia dirigidas contra la naturaleza o contra las personas causadas por las actividades extractivas. Se trata de un concepto acuñado por Kristina Sehlin MacNeil, codirectora del Centro de Estudios Sami de la Universidad de Umeå, en Suecia, que ha intervenido durante el evento de la UJI.
Estas formas de violencia directa, estructural o cultural incluyen la contaminación de suelos, aguas y aire, los impactos sobre la salud, las amenazas y asesinatos, la corrupción o las prácticas de ingeniería social o «contrainsurgencia suave». Precisamente para entender mejor estas formas de violencia se ha lanzado el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), una iniciativa de ciudadanía ambiental puesta en marcha con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 por el Centro de Saberes para la Sostenibilidad.
El MINOB, en cuya presentación ha intervenido el director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares, recopilará observaciones georreferenciadas de las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva. Por primera vez, se dispondrán de forma sistemática las evidencias existentes sobre cada caso. Actualmente, están en elaboración los 100 primeros casos de España y Portugal, entre los que se incluyen ya casos de Andalucía, Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana, Extremadura y Galicia.
La intención es que esta base de datos pueda contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, las ONG, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas. De hecho, MINOB contará un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y contribuyendo mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector.
La base de datos del Observatorio Ibérico de la Minería puede consultarse en este enlace.
Fuente: UJI