El profesor José Elías Esteve, secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, ha colaborado, en su condición de abogado investigador del Comité de Apoyo al Tibet (CAT), en que la Audiencia Nacional impute al ex-presidente chino Hu Jintao por genocidio en el Tíbet. El IDH tiene previsto celebrar un seminario sobre la situación de los Derechos Humanos en el Tíbet el próximo mes de noviembre.
José Elías Esteve, investigador del IDH y actual secretario del instituto, imparte docencia en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, labor que compatibiliza con el ejercicio de la abogacía en defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y, de manera especial, en defensa de las víctimas del genocidio en el Tíbet, tema sobre el que versó su tesis doctoral.
La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su auto del 9 de octubre 2013 ha dado la razón al recurso planteado por el profesor Esteve en nombre del CAT y ha decide imputar al ex-presidente chino Hu Jintao por genocidio. Se pronuncia después de que el juez denegara con el apoyo del fiscal el 11 de junio 2013 la petición de ampliación de querella del CAT para imputar al ex-presidente. Ahora la Sala después de la vista de la apelación del pasado 29 de Julio en su auto admite la argumentación del CAT y añade a Hu Jintao a la lista de querellados por genocidio haciendo hincapié en todos los delitos encapsulados en la querella original y la argumentación desplegada por el CAT y los co-querellantes Thubten Wangchen y la Fundación Casa del Tíbet, para su procesamiento. Los jueces de la Sala de apelación ante la insistencia del fiscal en cerrar el caso diciendo que no hay conexión nacional, rechazan de forma nítida esta pretensión diciendo que la conexión nacional está clara por la existencia de una víctima y querellante tibetana de nacionalidad española (Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona) y advierte de este precedente para evitar futuros intentos de utilizar este argumento. El fiscal también pedía el archivo del caso aduciendo la competencia de los tribunales chinos pero los jueces de la Audiencia Nacional zanjan la cuestión al afirma que no consta “que las autoridades chinas hayan iniciado ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella”. El CAT recuerda al respecto que en ambas querellas los imputados, a través de la Embajada China, respondieron a los jueces que no iban a colaborar en las falsas querellas en tono amenazante apuntando a las «consecuencias» si el Gobierno español no las retiraba. Consecuencias que no se hicieron esperar con un cambio normativo que limitaba la aplicación de la Justicia Universal en España, que el CAT califica como “vergonzoso”.
El CAT considera que ha quedado acreditado tanto por la querella inicial, como por las pruebas y testimonios practicados y los informes periciales aportados por International Campaign for Tibet (ICT) y Human Rights Law Foundation, que Hu Jintao es presunto responsable de los crímenes internacionales cometidos en el Tíbet, no solo durante su etapa como Secretario General del Comité del PCCh de la Región Autónoma del Tíbet desde 1988 a 1992, sino también como Presidente de China desde 2003 “por ser la persona de mayor rango tanto en el partido como en el Gobierno”. Esta decisión se apoya según los jueces de la Sala en “la constancia internacional de la represión llevada a cabo por los dirigentes chinos contra la nación tibetana y su población (…) las autoridades chinas decidieron llevar a cabo una serie de acciones conjuntadas para eliminar la propia idiosincrasia y existencia del país tibetano imponiendo la ley marcial, llevando a cabo desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de disidentes y traslados obligatorios de contingentes chinos para dominar y eliminar paulatinamente a la población autóctona del país tibetano”. Esto supone, según el CAT un nuevo reconocimiento y una descripción de los hechos calificado como genocidas. Además se reconoce que es contra el país tibetano y contra la nación tibetana y reconocen que esta imputación de Hu Jintao llega en el momento jurídico preciso “una vez finalizada su inmunidad diplomática”.
Creado en el año 2005, y dirigido en la actualidad por la profesora Consuelo Ramón, el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDH) ha recibido del Ministerio de Educación la Mención de Excelencia por su programa de doctorado Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. El IDH obtuvo en 2008 una ayuda dentro del programa Consolider-Ingenio 2010. El instituto forma parte de un proyecto en el que participan doce grupos de investigación de diferentes universidades españolas, coordinado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. El proyecto seleccionado se denomina ‘El tiempo de los derechos’ y su investigador principal ha sido el profesor Gregorio Peces-Barba. Consolider-Ingenio 2010 es la principal vía de financiación del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 para proyectos de alta calidad. Fue la primera ocasión en que un equipo formado por investigadores pertenecientes al ámbito jurídico obtuvo una ayuda de este tipo, mayoritariamente dirigida a contextos científicos alejados de las Humanidades y de las Ciencias Sociales.
Más información
Fuente: UV