Adrián Todolí, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València (UV), ha publicado un libro en el que sostiene que la mejora de la economía depende no solo de tener más trabajadores empleados, sino que estos tengan mejores condiciones laborales. En la obra, resultado de su investigación, enumera cómo reducir la temporalidad, aumentar el tamaño de la empresa, una negociación colectiva fuerte y subir el salario mínimo, entre otros, son la mejor opción para crecer económicamente.
“Los derechos laborales no solamente deben protegerse por razones de justicia social, y de necesaria cohesión social, sino que existen buenos argumentos económicos que justifican su existencia”, explica Todolí, quien en su libro De cómo los derechos laborales mejoran la economía (Thomson Reuters Aranzadi, 2021) sostiene que no existe conflicto entre eficiencia y protecciones sociales.
El nuevo planteamiento nace de que en las últimas dos décadas se ha dejado de considerar los indicadores de desempleo como un factor clave para medir la “salud” del mercado laboral. La aparición de los trabajadores pobres hace que tener un empleo sea insuficiente para garantizar una vida satisfactoria. La conflictividad social (ej., chalecos amarillos, deslocalizaciones) de los últimos años, como ha aseverado el FMI, es por el crecimiento de la desigualdad social y la polarización económica, que han tenido como última expresión el Brexit, Trump y el auge de políticas de extrema derecha en diversos países.
Todolí apunta, en línea con la petición de los organismos internacionales, a un reforzamiento de la intervención pública con la que reducir la polarización económica y mejorar la calidad del empleo de los más desfavorecidos con la que no solo mejorar su calidad de vida, sino la economía (la competitividad y la productividad de las empresas).
En este sentido, Todolí introduce un nuevo relato para justificar la existencia de normas laborales: “no existe conflicto entre eficiencia y protecciones sociales. Muy al contrario, la regulación laboral es necesaria para aumentar el crecimiento económico”, sostiene el profesor de la UV.
Así, el experto explica que la preferencia legal por el contrato indefinido y las normas que reducen la temporalidad mejoran la productividad del personal y permite a las empresas invertir en formación e incrementar la competitividad. La formación en los trabajadores temporales y con alto nivel de rotación, su experiencia en el puesto de trabajo, así como su motivación para esforzarse será menor que en los trabajadores indefinidos.
Además, Todolí argumenta que el incremento salarial “empuja hacia la innovación (metodológica y tecnológica), lo que provocará un aumento de la productividad que, a su vez, acaba produciendo mejoras en el nivel general de empleo y de la calidad del mismo”, sostiene “Con salarios bajos, las empresas tienen pocos incentivos para invertir en tecnología y en formación del capital humano. Sale más a cuenta contratar más mano de obra para obtener la cantidad de producto que requieren, aunque por el camino baje la productividad de cada trabajador. Por otro lado, salarios bajos permiten a las empresas ineficientes sobrevivir a costa de pagar menos a sus trabajadores”, explica Todolí.
Trabajo informal y falsos autónomos
El trabajo informal y los falsos autónomos crean competencia desleal con aquellas empresas que sí cumplen con la legislación. “Es crucial que los estándares laborales –salario mínimo, negociación colectiva a nivel sectorial– afecten a todas las empresas del sector por igual, dado que la capacidad de una empresa de adoptar estrategias de alta productividad para mejorar su competitividad estará limitada si sus rivales pueden competir basándose en bajos costes y precariedad”, explica Todolí.
Por estos motivos, el profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UV concluye: “solamente un reparto equilibrado de los beneficios generados en la empresa puede garantizar la colaboración y el esfuerzo de las personas trabajadoras. En este sentido, la igualdad y la meritocracia no son solamente principios morales a perseguir, sino que son requisitos indispensables para la generación de riqueza y deben implementarse mediante normas laborales fuertes y convenios colectivos”. En este sentido, cita que el FMI, en el estudio Redistribution, inequality and growth demostró que, a la inversa de lo que se creía históricamente, la equidad social y la eficiencia económica van de la mano.
Fuente: UV