La Universidad de Umeå (Suecia) acogió el acto oficial de entrega del informe elaborado por la Comisión de la Verdad para el Pueblo Sámi a representantes del Gobierno sueco, del Parlamento Sámi y de Saminuorra, la organización juvenil sámi. El documento, The land, the water, the thoughts. Consequences for the Sami of Swedish policies (La tierra, el agua, los pensamientos. Consecuencias de las políticas suecas para los samis), constituye una de las recopilaciones más exhaustivas de investigaciones actuales sobre este pueblo indígena y reúne treinta y seis capítulos, más de cincuenta autores y veintidós áreas temáticas.
Entre los investigadores participantes se encuentra el catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante (UA), Daniel La Parra Casado, del Instituto Universitario de Desarrollo Social para la Paz, quien firma junto con Jon Petter A. Stoor, Per E. Gustafsson y Miguel San Sebastián el capítulo titulado Ethnic discrimination and mental health in the Sámi population in Sweden: The SámiHET study (Discriminación étnica y salud mental en la población sámi de Suecia).
La Comisión de la Verdad, activa desde 2021, tiene como mandato examinar las políticas históricas del Estado hacia el Pueblo Sámi, analizar sus consecuencias y proponer medidas orientadas a la reparación y la reconciliación. Sus conclusiones pretenden servir de base para el desarrollo de políticas públicas destinadas a combatir el racismo estructural y promover procesos de reconocimiento institucional.
El pueblo sámi es el pueblo indígena del norte de la península escandinava y de gran parte de la península de Kola, con presencia en Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Se estima que su población oscila entre 50.000 y 100.000 personas. Históricamente, han desarrollado modos de vida vinculados a actividades como la cría de renos, la pesca o la artesanía, además de mantener una rica diversidad lingüística y cultural.
Durante buena parte del siglo XX, los Estados nórdicos impulsaron políticas de asimilación que limitaron el uso de las lenguas sámi y restringieron determinados derechos culturales y territoriales. En las últimas décadas, se han producido avances en el reconocimiento político del este pueblo, entre ellos la creación de instituciones representativas propias y el desarrollo de marcos legales destinados a proteger sus derechos colectivos.
El capítulo Discriminación étnica y salud física y mental se fundamenta en una encuesta realizada a 3.658 personas de entre 18 y 84 años. Sus resultados son contundentes, ya que dos de cada tres encuestados afirman haber sufrido discriminación en algún momento de su vida. El estudio concluye que una parte importante de la población ha experimentado, y continúa experimentando, discriminación directa, ofensas y lo que se denomina “trauma histórico”, entendido como el impacto psicológico derivado de la discriminación padecida por generaciones anteriores.
“La discriminación no es un fenómeno aislado o anecdótico, sino estructural”, señala Daniel La Parra, experto en Sociología de la Salud con amplia trayectoria en el estudio de desigualdades que afectan a minorías como el pueblo gitano o la población refugiada. “Existen elementos comunes en la experiencia de la discriminación entre distintos grupos: estigmatización, barreras institucionales y desventajas acumuladas que terminan afectando de forma clara al estado de salud”.
Según explica el investigador, la acumulación la discriminación genera efectos medibles en la salud, especialmente en forma de ansiedad, malestar psicológico y depresión, un impacto que se observa de manera más acusada entre las mujeres. “La evidencia muestra que estas experiencias no solo deterioran el bienestar subjetivo, sino que tienen consecuencias concretas sobre la salud mental y física”, añade. De este modo, los autores reflejan en el estudio “la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas de salud pública dirigidas al Pueblo Sámi en Suecia”.
Para La Parra, la relevancia del informe presentado ahora radica en que aporta una base empírica sólida para fundamentar políticas públicas. “Si el objetivo de la Comisión es promover medidas antirracistas y de reparación, es imprescindible contar con datos sobre cómo la discriminación histórica y actual se traduce en desigualdades reales. Este informe ofrece precisamente ese respaldo científico”.
Fuente: UA