Un artículo científico publicado por investigadoras de la Universidad de Alicante (UA) en la revista internacional OBS Journal pone en relieve la necesidad urgente de actualizar el marco normativo español que regula la comunicación farmacéutica ante los profundos cambios introducidos por la sociedad digital y el nuevo ecosistema informativo. El trabajo, elaborado por investigadoras del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA, adopta un enfoque transdisciplinar que integra comunicación, derecho, salud pública y ética para analizar críticamente la adecuación de la legislación vigente a los desafíos de la sociedad actual.
En concreto, la investigación examina la evolución de la regulación española y europea desde 1985 hasta la actualidad a partir del análisis de 18 normas clave. Con ello, se evidencia que muchas de las disposiciones que rigen la publicidad y promoción de medicamentos fueron concebidas durante la Transición, en un contexto previo a la llegada de internet y a las redes sociales. Según el estudio, esta circunstancia genera “importantes vacíos normativos” en un entorno donde los mecanismos de difusión de información, la publicidad digital y el consumo informativo han cambiado “de forma radical”.
En palabras de Ana Ibáñez Hernández, profesora del área de Comunicación del Departamento de Comunicación y Psicología Social, “la legislación actual sigue anclada en un modelo comunicativo propio de los años ochenta, cuando ni la estructura del sistema mediático, ni el papel de los públicos se parecían a los actuales”. “Hoy, la comunicación sobre salud circula simultáneamente por múltiples canales digitales, con formatos híbridos que la normativa no siempre sabe identificar ni vigilar con claridad”, matiza.
El artículo subraya que, en la sociedad digital, las fronteras entre información, promoción y publicidad se han difuminado, lo que incrementa el riesgo de desinformación o de manipulación interesada en un ámbito especialmente sensible como es la salud pública. En este sentido, las autoras advierten de que la indefinición terminológica y la falta de adaptación de la normativa “dificultan la protección efectiva de la ciudadanía” frente a mensajes “persuasivos encubiertos”, especialmente en canales digitales y redes sociales.
Por su parte, Natalia Papí Gálvez, también profesora del área de Comunicación en el mismo departamento, subraya que “la falta de una definición precisa de qué es información, qué es promoción y qué es publicidad del medicamento en la sociedad digital abre la puerta a prácticas comunicativas que pueden comprometer el derecho de la ciudadanía a recibir información sanitaria veraz y rigurosa”. En su opinión, “este escenario exige una revisión normativa que tenga en cuenta no solo a la industria y a los profesionales sanitarios, sino también a unos públicos cada vez más activos y expuestos a la sobreinformación”.
Desde una perspectiva crítica, el trabajo plantea que el actual marco regulador no responde plenamente al emergente papel activo de los públicos en la circulación de contenidos sanitarios, ni a la creciente presencia de nuevos agentes comunicativos como plataformas digitales, creadores de contenido o estrategias de comunicación híbridas. Esta situación, señalan, puede favorecer conflictos de interés y prácticas comunicativas que “antepongan objetivos comerciales a la seguridad y el bienestar de la población”.
La investigación destaca, además, la importancia de reforzar la ética, la transparencia y la alfabetización mediática como elementos clave para combatir la desinformación en salud. En un contexto de “sobreabundancia informativa”, las autoras reclaman una revisión profunda del concepto de “publicidad del medicamento” y una “actualización normativa” que tenga en cuenta las dinámicas propias de la sociedad digital y el impacto creciente de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Desde una perspectiva vinculada a la ética y la responsabilidad social, Carmen Carretón Ballester, profesora del área de Relaciones Públicas y directora del Departamento de Comunicación y Psicología Social, destaca que “la comunicación farmacéutica no puede analizarse únicamente desde una lógica comercial, sino desde su impacto sobre las personas, tanto en lo social, como en lo sanitario”. “Cuando los intereses económicos se imponen a la transparencia comunicativa, el riesgo para la salud pública se incrementa especialmente en entornos digitales, donde la persuasión puede pasar inadvertida”, añade.
En definitiva, las investigadoras concluyen que el objeto del estudio “contribuye a reavivar el debate académico y social” sobre la necesidad de repensar las políticas públicas en materia de comunicación farmacéutica y debe, también, “contribuir a identificar oportunidades para mejorar la adaptación futura del marco normativo existente ante realidades comunicativas y tecnológicas cambiantes”.
Fuente: UA