Especialistas académicos del ámbito del derecho ha coincidido en señalar que «la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para las empresas como consecuencia de la COVID-19». En su opinión, «pese al drama sanitario, social y económico que supone, ofrece la oportunidad de ser acelerador del cambio y transformación de las empresas y del conjunto de la sociedad». El profesorado y una representante de la empresa Ferrovial han participado en la Jornada de Responsabilidad Corporativa de la UJI organizada por la Cátedra Bienvenido Oliver de Derecho Registral de la UJI y patrocinada por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, dentro del proyecto TSPUNI/2021/12/2.
La jornada RSC: impacto de la COVID-19 en la responsabilidad social corporativa y la empresa sostenible, dirigida por la catedrática de Derecho Mercantil y directora de la Cátedra Carmen Boldó Roda e inaugurada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, José Luis Blasco Díaz, ha reunido en este centro a distintos expertos y expertas en dos mesas redondas moderadas por los profesores Federico Arnau de Derecho Civil, y Achim Putz de Derecho Mercantil.
El personal académico ha indicado que, a partir de ahora, cada empresa debe replantear su visión y su estrategia de negocio para contribuir a construir un mundo mejor, tal y como reclama la nueva situación, y que ello exigirá un nuevo diálogo y una nueva relación con trabajadores, proveedores y clientes. Han asegurado que las Administraciones Públicas deben liderar ese proceso de transformación, propiciando los marcos necesarios para que las empresas puedan desarrollar su papel en ese ámbito. En ese sentido, han comentado, «deben acompañar a empresas y ciudadanía hacia esa economía más sostenible».
En la primera intervención, bajo el título RSC, sostenibilidad empresarial y Derecho Mercantil ante la crisis de la COVID-19, la profesora Carmen Boldó ha explicado que la responsabilidad social corporativa (RSC) «es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta el impacto que la totalidad de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, el medio ambiente y la sociedad en general» y ha detallado su influencia en normas concretas de derecho mercantil.
A continuación, la catedrática de Filosofía del Derecho de la UJI Paloma Durán Lalaguna ha destacado en su ponencia De la RSC a la gestión sostenible que «como consecuencia de la Agenda 2030, que representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz; los países implicados, los actores, sectores y la nueva definición de sostenibilidad, que afecta al ámbito social, ambiental y económico, deben ir en la misma dirección».
La primera mesa redonda ha concluido con la participación de la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, M.ª Ángeles Fernández Izquierdo, quien bajo el título Inversión socialmente responsable: la inclusión de los criterios de sostenibilidad en los mercados financieros ha puesto de manifiesto que «la inversión social responsable permite a los inversores la integración de variables no consideradas hasta el momento en los modelos financieros tradicionales, como consecuencia de la concienciación de la sociedad con el medio ambiente y en el futuro del planeta». Por otro lado, ha comentado que «el mercado de la inversión sostenible es una industria que supone el 20% del total mundial de lo que se invierte en los mercados bursátiles y va al alza».
La segunda mesa redonda ha comenzado con la exposición del profesor de Derecho Mercantil del CEU San Pablo de Madrid, Cecilio Molina Hernández, quien con el título Responsabilidad social corporativa y medio ambiente: la responsabilidad empresarial en la Ley de cambio climático y transición energética ha manifestado que actualmente «nos encontramos en una caída de la actividad económica y como consecuencia de ella podemos creer que la disminución de la contaminación se debe a dicha caída; pero lo cierto es que no es así, como ya se demostró en la anterior crisis del 2008».
Ha explicado que el sistema de derecho se recoge en la Ley de emisión energética y cambio climático 7/2021 del 20 de mayo, en la que «se han fijado objetivos para disminuir las emisiones, especialmente en las empresas de aviación que son unas de las más contaminantes. También se está intentando impulsar que las viviendas tengan instalaciones propias y renovables», ha comentado.
En la segunda ponencia, bajo el título La dimensión ecolaboral de la RSC, la profesora de Derecho Laboral Margarita Miñarro Yanini ha destacado que «las empresas tienen un doble papel: son agentes económicos, pero también pueden ser promotores de cambios en la dimensión social y ambiental». Por otro lado, ha comentado, que «tienen dos dimensiones: la interna que tiene que ver con el personal que presta servicios en la empresa, así como con sus propietarios y administradores, y una externa relacionada con el entorno social-familiar». Miñarro ha explicado que los trabajadores son el primer grupo de interés en la empresa y que la RSC tiene una importancia creciente «creando una normativa laboral más liberal, que descentraliza la producción y favorece la deslocalización».
En la última intervención de la jornada, la responsable de RSC de la empresa Ferrovial, Cristina Moral Zarrabeitia, ha destacado la importancia de las políticas de RSC llevadas a cabo por su compañía, sobre todo en lo que se refiere a canalización y distribución de agua potable en zonas deprimidas de algunos países como Colombia.
Fuente: UJI