La Red Feminista de Derecho Constitucional consideran que las recientes medidas legislativas socavan la estructura social del Estado y conllevan a la reducción de la eficacia de la igualdad real, que es uno de los presupuestos que favorece el avance de la democracia y contribuye a la eficacia de los derechos fundamentales. Esta es una de las conclusiones a la que han llegado en el IX Encuentro de Profesoras de Derecho Constitucional Debate sobre el estado de la igualdad en tiempos de crisis que se celebraba los días 27, 28 y 29 de junio en la Universidad de Alicante.
Las integrantes de la Red, que está formada por profesoras de derecho constitucional de distintas universidades españolas y tiene su sede en la UA desde 2004, año de su creación, manifiestan su preocupación por el desconocimiento de los principios democráticos y del derecho de igualdad real de parte de quienes ejercen el poder en el actual contexto de crisis económica.
Las docentes consideran que las nuevas medidas normativas son el resultado del neoliberalismo, lo que implica una reacción patriarcal frente a los avances de la igualdad real que la ciudadanía española y la Unión Europea estaban alcanzando. Además, explican que nuestra Constitución ha superado el concepto obsoleto de igualdad formal y ahora contiene el mandato a los poderes públicos para que la idea liberal de igualdad sea real, y no una mera proclama. Sin embargo, las nuevas normativas, bajo la apariencia de igualdad, niegan la existencia de la discriminación estructural de las mujeres y refuerzan el sistema patriarcal. Ello genera un grave retroceso en el desarrollo democrático, ya que se está recurriendo a la idea liberal de igualdad que oculta la discriminación para hacer frente a la crisis, a pesar de que se trata de una igualdad cuya ineficacia ha sido constatada durante más de un siglo en la historia constitucional. Esta idea de igualdad neutra perpetúa las desigualdades y, por ende, la situación de dominación histórica en que se encuentran las mujeres, indican.
La Red denuncia que el discurso de la igualdad de mujeres y hombres está siendo interpretado erróneamente por parte de quienes están gestionando la crisis económica, generando confusión y afectando negativamente al acervo constitucional que sobre igualdad ha logrado la sociedad española. Ello crea inseguridad en el proceso de transmisión de conocimiento en las ciencias jurídicas y sociales.
Así, las declarantes se oponen al oscurantismo intencionado de los conceptos básicos constitucionales y de la igualdad real dirigido a desacreditar académicamente al feminismo por estar ésta íntimamente vinculada a la ideas de igualdad real, justicia y solidaridad. Que la intencionada confusión de los conceptos relacionados con la idea progresista de igualdad ha traído como consecuencia que se haga referencia a la “ideología de género”, expresión está cada vez más extendida, desde muy diversas instancias (como cierto sector de la judicatura o la jerarquía eclesiástica) para denostar al feminismo, motor de los avances en la consecución de los derechos para las mujeres.
La confusión de conceptos – aseguran – ocasiona la utilización equivocada de “cuotas”, “discriminación positiva”, “igualdad de hombres”, “violencia doméstica/violencia de género” entre muchos otros generando desconcierto e imposibilitando la innovación del Derecho y su acercamiento a la realidad social. En pleno siglo XXI el Derecho Constitucional crítico ha verificado y viene denunciando la desigualdad histórica de mujeres y hombres.
Consideran las académicas que el feminismo es un pensamiento que reivindica y pone en el debate académico los valores olvidados de las revoluciones liberales, esto es, la igualdad y la solidaridad para toda la humanidad. Valores que se obvian cuando se pretende destruir al Estado Social, so pretexto de afrontar la crisis económica.
Asimismo, consideran que el conjunto de normativas para afrontar la crisis está poniendo en cuestión a la educación pública como expresión del Estado Social. Cabe tener en cuenta que la educación en igualdad es una de las vías idóneas para socializar roles igualitarios y erradicar la desigualdad de mujeres y hombres.
Las medidas dirigidas a afrontar la crisis sin tener en cuenta la igualdad real implica la vulneración de la Constitución, puesto que se está olvidando que España es un Estado Social, opinan. La quiebra o ruptura del Estado Social conlleva al reforzamiento del patriarcado, potenciando así los valores de la familia patriarcal. Ello implica que son las mujeres las que “deben” asumir la realización de las prestaciones que el Estado dejará de realizar cuando es el Estado, sobre la base del Artículo 1.1 de la Constitución, el obligado a la realización de dichas prestaciones.
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Fuente: UA