Irregularidades urbanísticas y administrativas en Castalla

Un estudio publicado en la Revista GeoGraphos, que edita el Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina-GIECRYAL de la Universidad de Alicante, advierte sobre posibles ilegalidades y sospechas de corrupción en torno al proceso de urbanización descontrolada en el caso alicantino del término municipal de Castalla, Su autor, Sergi Esteve Rico, del grado en Geografía y Ordenación del Territorio, denuncia en el artículo “La invasión urbanística en el término municipal de Castalla (Alicante): el descontrol del poblamiento diseminado ilegal”, publicado en el volumen 5, de octubre de 2014, cómo la actividad urbanística ha gozado de una permisividad pasmosa, por parte de las administraciones públicas en los últimos años en el territorio de Castalla. De esta  forma, y producto de los tiempos de burbuja inmobiliaria, al anterior resultado suma, además, una pésima planificación urbanística en un territorio que presenta ahora enormes dificultades de cara a la gestión.
La construcción se convirtió, durante los años de la burbuja inmobiliaria, en actividad económica destacada en toda España, en especial en las zonas de desarrollo turístico del litoral mediterráneo, apunta el estudio.  En ese contexto, y aprovechando el auge del residencialismo en las zonas prelitorales todavía ajenas a la masificación de la primera línea de playa, el municipio de Castalla (Alicante) se vio inmerso en un desarrollo de la construcción impulsado principalmente por las corporaciones municipales, y del que sobresalen la construcción de una gran urbanización, la ampliación del núcleo de Castalla en varios sectores urbanizables, y la acentuación de un fenómeno arraigado desde tiempo atrás como es el poblamiento diseminado. Los visos de ilegalidades y las sospechas de corrupción no quedan al margen de este proceso, que una vez reventada la burbuja muestra las cicatrices de una pésima planificación urbanística en un territorio que ahora presenta enormes dificultades de cara a la gestión.
El artículo cifra la población del término de Castalla en torno a los 10.000 habitantes; su actividad económica principal está liderada por el sector servicios, que ha desbancado, en los años de crisis, al industrial. En lo referente al sector económico industrial, antes boyante gracias a la industria del juguete, y su declive, el articulista expone que se debió a haber alcanzado su etapa de madurez en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, a la falta de inversión en I+D+i y a la creciente deslocalización posterior hacia países del sureste asiático, entre otros aspectos. Todo ello, dice Sergi Esteve, llevó a una pérdida de empleo en el sector, que no se evidenció debido al auge económico, en esas fechas, de la burbuja inmobiliaria. Esta situación favoreció el trasvase de mano de obra al sector de la construcción. La crisis económica de los años 2000 es la que traería consigo una auténtica “sangría” de empleos, que colocó al sector servicios a la cabeza de la economía, tras la reducción en la industria y la construcción, afirma el alumno de grado.
El autor apunta la existencia de grandes bolsas de economía sumergida como uno de los problemas laborales, fiscales y económicos de mayor preocupación. Denuncia la existencia en Castalla de empleo sumergido, antes y ahora, que habría afectado sobre todo al empleo femenino relacionado con el mundo del juguete, fraude que se extiende al ámbito de la Seguridad Social al escurrir el pago de cotizaciones sociales y demás costes laborales, e incluso con salarios por unidad de obra.
Expone Esteve algún ejemplo sobre la urbanización desmesurada y la política urbanística. Es el caso del proyecto de Castalla Internacional, de cuya gestión urbanística, dice, ha estado bajo la sombra de la sospecha en más de una ocasión. Y, para documentar esto, cita a medios que lo tratan, como es el caso del diario El Mundo. Refiere el artículo cómo mientras el centro histórico de Castalla vivía una situación de absoluto abandono desde finales de 2009, se sucedía una política de obra pública que invertía millones de euros en nuevos equipamientos e infraestructuras. A toda esta suma de argumentos, el autor añade más datos: los incumplimientos de legislación sobre edificación en el término municipal; el abandono progresivo de la agricultura como sector económico de peso, con la transformación de parcelas antes de uso agrícola a uso residencial, y con la consecuente merma de la producción; el impacto medioambiental y paisajístico de la urbanización diseminada, que acarrea otro problema a la hora de prestar servicios como la recogida de basuras o el reparto de correos.